“Si se es demócrata, tiene que terminar prevaleciendo la voluntad democrática del pueblo”

Entrevista al profesor de la Universitat de Barcelona Gonçal Mayos Solsona, filósofo y ensayista, que hace una lectura política de la primavera catalana.

 Diada

A tres días de la celebración del 9N, luego de una noche más de Cacerolazos que resonaron por toda catalunya y que viralizaron la red bajo el hasgstag #cassolada9N y que en las redes sociales se hiciera eco, con preocupación, de los 15 vehículos militares españoles que entraron ayer a Barcelona, nuevos sucesos acontecen en esta primavera catalana que no para de hacer oír su voz. Hoy el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del Estado, está reunido para decidir si acepta la demanda del gobierno catalán de suspender el acuerdo del consejo de ministros del viernes 31 de octubre, que aprobó impugnar en el Tribunal Constitucional el proceso participativo del 9 de noviembre. Esta petición, que tiene pocas opciones de ser aceptada, busca dar una vía de salida legal al 9N que, con o sin apoyo del gobierno central, se celebrará pase lo que pase, según lo afirman las organizaciones civiles que lo promueven (ANC, Omnium, Ara es l’hora) .

Más allá de las consideraciones jurídicas en juego en todo este proceso, donde cada parte implicada afirma tener la razón de su lado, el debate de fondo, como lo dijo ayer en el Parlament la diputada de ICV, Dolors Camats, es “político y democrático”. No tiene sentido preguntarse si en este proceso lo que debe prevalecer es la ley o la voluntad del pueblo si no se contempla este escenario como un escenario político, en el que está en juego la consecución de la democracia, una democracia, en palabras de Camats, que no sea “un mero simulacro”.

Para intentar dar luz sobre el sentido político que hay detrás de esta primavera catalana hemos entrevistado al profesor Gonçal Mayos Solsona, profesor titular de filosofía de la Universitat de Barcelona y director del Grupo Internacional de investigación “cultura, historia y Estado” (GIRCHE).

Primavera Catalana: ¿Qué es, en realidad, lo que está en juego, políticamente hablando, en todo este proceso?

8Mayos

Profesor Gonçal Mayos Solsona

Gonçal Mayos: El debate último es el nivel de agencia propia de la población.Es una cuestión muy actual y muy transversal ideológicamente. La política oficial considera que la población debe limitar su acción política a las elecciones representativas cada x años. El resto del tiempo y para todas las otras cuestiones, “La Política” es algo que compete en exclusiva a una casta de “políticos profesionales” y la población “debe” aceptar que no es un sujeto político por sí mismo (tan sólo por representación y bajo muchas restricciones).

Desde hace ya unas décadas con los llamados “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS), y con más insistencia últimamente, se está impulsando una profunda reforma de la política oficial. El conjunto de la población quiere empoderarse verdaderamente de y en la política, dándole un nuevo y superior nivel de democracia.

La propuesta de referéndum y de construir un estado propio y más justo en Catalunya (Independiente o federado, y siempre dentro de Europa) es un proyecto de regeneración profunda de la democracia. No es un secreto que Catalunya está incomoda, desde hace tiempo, con la estructura estatal, la corrupción y los tics poco democráticos, y la población ha encontrado en esta propuesta una manera de forzar una reforma que la casta hegemónica (Acemoglu y Robinson hablan de “élites extractivas”) ve con pánico e intenta bloquear  todo lo que puede.

PC: ¿Dónde podemos inscribir lo que está pasando en Catalunya? ¿A qué responde que tanta gente se haya volcado a la calle a pedir que se le deje votar?

GM: Claramente se vincula con movimientos como los indignados y otras exigencias de mayor calidad democrática, donde muy diversas capas de la sociedad civil buscan ser escuchados, regenerar la política y tener mayor recorrido democrático. El lema “No nos representan” del 15 M que –mutando mutandis- es repetido en muchos lugares, enlaza con la base común de los NMS y expresa la necesidad de rehacer el pacto social para conseguir instituciones que realmente representen y acojan los intereses de la población.

En España venimos de una dictadura franquista y en la “transición” se desvelaron esperanzas muy positivas, muchas de las cuales han sido cruelmente frustradas. Ahora se ve –como decía el franquismo- que efectivamente “todo está atado y muy bien atado”. El actual sistema es corrupto, ha mantenido la hegemonía política de los herederos del franquismo y no acepta ser reformado ni que el pueblo ejerza un verdadero control de la política “profesional” y un activo liderazgo democrático.

Fíjense que -desde el comienzo de este proceso- no ha habido negociación y que la “política oficial” en Madrid se ha limitado a desgastar el movimiento popular y a fomentar su división. El gobierno –con al apoyo de la práctica totalidad de la política oficial- niega la posibilidad de votar y, sobre todo, se escandaliza ante la más pequeña iniciativa política de la gente. Eso provoca la humillación de los ciudadanos catalanes que se sienten olvidados, relegados y traicionados por los altas estructuras políticas y “democratísimas” de España y Europa, que les imponen brutales recortes en salud, educación, políticas sociales… Y esos mismos –que en cambio derrochan en favor de los bancos y las grandes empresas –, en pleno siglo XXI, se resisten a las propuestas e intervenciones de la ciudadanía partiendo de la idea que la política oficial es una especie de “coto privado”. Eso llega al extremo cuando se mantienen una oposición radical al voto y se cierran a cualquier tipo de negociación, pacto o reforma.

PC: ¿Cómo se puede conectar el movimiento a favor de la consulta en Catalunya con los que han surgido en Canarias para que a la gente se le consulte sobre las prospecciones petrolíferas que se quieren hacer en su territorio o la que han promovido los partidos de izquierda para que los españoles decidan si quieren seguir siendo una monarquía o si su deseo es convertirse en república?

GM: En todos los casos el problema de fondo es el mismo. La política oficial y tradicional no quiere perder su cómoda hegemonía y por ello se niega a ceder iniciativa a la sociedad civil. Esas consultas son un ejemplo de que la ciudadanía tiene iniciativas y capacidad de generar proyectos que  generan mucho consenso, pero que chocan con la hegemonía de la política oficial y los intereses de la llamada “casta”. Ésta –con sospechosa unanimidad- se pertrecha detrás de leyes, reglamentos e instituciones bloqueando la acción ciudadana, llegando incluso a negar su derecho de expresión y de voto. Porque es evidente que no hay ninguna ley que impida manifestarse a la gente y en el caso de Catalunya votar. Todas esas consultas serían legales, si no se temiera su resultado, porque lo que solicitan se ampara en la legalidad constitucional, pero la política oficial que controla el Estado se niega a reconocerlo pues teme perder privilegios.

Las preguntas clave frente a lo que está ocurriendo son ¿hasta cuándo la política oficial puede permanecer indiferente e ignorar las demandas de la población? y ¿si podrá mantener el conjunto de la población su esforzada exigencia democrática de regeneración? ¿Se resignará? ¿Quién ganará a corto y a largo plazo? Y eso incluye preguntarse por el papel que jugará Europa y la Comunidad Europea que se están construyendo y sufren también enormes déficits democráticos

De lo que hablamos es del enfrentamiento entre la vieja política oficial y las nuevas-viejas exigencias del conjunto de la población para que se le reconozca políticamente y se le permita incidir mejor en la vida democrática del Estado. Los ciudadanos están cansados de que la política la hagan políticos burócratas y exigen una democracia más exigente y de mayor nivel, donde el pueblo sea el agente principal, cuya acción y vigilancia democrática vaya mucho más de designar sus “representantes” entre la reducida casta de los “políticos profesionales”.

Al respecto, es muy significativo que se haya impulsado en España, precisamente en estos tiempos agitados, la llamada “ley mordaza” que busca acallar la protesta popular en las calles y silenciar a los medios de comunicación críticos.

PC: ¿Qué representa la negación insistente del Estado español, a través de sus impugnaciones permanentes, a cualquier iniciativa de consulta en Catalunya?

GM: Para los catalanes, y para cualquier ciudadano del mundo que exija lo mismo a su estado, esta actitud representa una humillación política y una amenaza antidemocrática a su dignidad política. La ciudadanía siente negados sus derechos, sus iniciativas, sus demandas. Siente que una “casta” elitista puede contrapesar la indignación popular de forma duradera. En el fondo se siente desposeída de la acción política.

PC: ¿Es importante votar para recuperar la dignidad? ¿Tiene esta votación un valor simbólico que aporte en algo al proceso?

GM: La votación tiene la enorme importancia de objetivar la intención popular, todo lo demás puede relativizarse. Esta votación pone a la clase política oficial y profesionalizada frente al veredicto explícito y objetivo de la crítica de la ciudadanía. Democráticamente eso es demoledor.

Esa votación es la muestra de que la población no se siente representada y que tiene proyectos propios, muchos de ellos factibles y regeneradores de la calidad democrática de las instituciones.

PC: Políticamente hablando, ¿qué puede pasar después de la votación del domingo?

GM: La votación sin duda tendrá un peso y planteará la necesidad de permitir una votación con todas las garantías posibles para que se deje de decir que es una votación que no tiene suficiente respaldo legal.  Si estas votaciones no son plenamente legales pues habrá que convocar otras que sí lo sean.

Quieran o no, las anquilosadas instituciones políticas tienen que asumir sus déficits democráticos  y regenerarse. El problema no se puede simplemente archivar después del 9N porque la gente no va a dejar de reclamar su derecho a decidir sobre su futuro. Hay un problema de expresión y de control democrático de las instituciones donde la voluntad popular tiene que prevalecer por encima de la casta política y económica.

Si se es demócrata tiene que terminar prevaleciendo la voluntad democrática del pueblo.

Lo que el panorama político en España nos deja ver es que este gobierno y Rajoy son obedientes a la política europea que no concibe negociar el estatus quo de las instituciones políticas, pero, por lo que dicen las encuestas sobre la intención de voto de los españoles en las próximas elecciones, los gobernantes venideros quizás no sean tan obedientes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta.

16 Jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat…

cacerolada

Así empieza un trabalenguas catalán muy conocido, tan conocido como macabro. La traducción en castellano sería “16 jueces de un juzgado comen hígado de un ahorcado”. Ignoro si el trabalenguas tiene algún significado más allá de su resistencia a ser pronunciado, pero les aseguro que si ese trabalenguas hubiera sido creado hoy ocasionaría más de una suspicacia.

Ayer, el Tribunal Constitucional español, órgano escogido a medias entre los dos grandes partidos políticos españoles, PP y PSOE, lo que pone en seria duda la independencia del poder judicial en España, volvió a suspender la consulta ciudadana catalana del 9 de noviembre. Suspender, y no. Lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es que la Generalitat de Catalunya (el gobierno autonómico catalán) no puede publicitar, animar ni promover ningún acto relacionado con el 9N. El Gobierno de la Generalitat ya ha declarado que seguirá con la campaña en favor de la consulta pese a la sentencia.

Hoy, el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha hablado, en rueda de prensa, sobre la resolución del Tribunal Constitucional. Ha querido “dar un mensaje de tranquilidad y serenidad” y ha afirmado que un país como Catalunya, que se ha mantenido “en pie y que ha conseguido mantener viva su identidad y su lengua, no puede permitir que se lo humille”. Ha querido dejar claro que este proceso se está llevando a cabo “sin golpes, ni insultos” y ha pedido civismo a los ciudadanos. Además ha aprovechado para denunciar la actitud retrógrada del gobierno español, y para animar a la población catalana a mantener una actitud ejemplar para “conquistar el espíritu de muchos españoles” y lograr que vean cómo los catalanes defienden sus derechos, que “también son los suyos”.

Pocas horas después se ha producido un acto institucional por parte de los representantes de distintas entidades representativas de Catalunya, así como diputados de las Cortes españolas y el Parlamento Europeo, en el que han firmado un manifiesto para denunciar, ante los principales organismos de la comunidad internacional, la falta absoluta de voluntad política por parte del gobierno español para establecer marcos de diálogo y negociación a fin de poder escuchar la voluntad del pueblo catalán. A este manifiesto, que será presentado a organismos internacionales después del 9N, puede adherirse cualquier ciudadano que vote el próximo domingo, pues estará en todas las mesas de votación para ser firmado.

Como mencionábamos antes, a pesar de que por ley el gobierno catalán no podrá participar ni animar la consulta, las plataformas civiles siguen teniendo el camino expedito para realizarla por su cuenta, siempre que sea sin auxilio de los poderes públicos. Habrá que ver en qué términos sería eso viable, pero a priori la cosa pinta difícil.

Los pasos a seguir luego de la consulta.

La maniobra de impugnar la consulta por parte del Estado Español no es algo imprevisto. El proceso catalán, desde que se anunció en diciembre de 2013, ha sido un largo quemar de puentes. Se han llevado a cabo una serie de actuaciones a sabiendas que cada una de ellas iba a ser impugnada por el Gobierno de España, con la intención de agotar todas las opciones antes de lanzar el gambito final, que se resolvería con unas elecciones plebiscitarias.

¿Y qué es eso de las lecciones plebiscitarias de las que tanto se habla en Catalunya? Se trata de una figura legal inédita, en tanto no hay precedentes de la realización de un plebiscito de estas características. Las elecciones plebiscitarias, seguramente, se resolverían con la agrupación en diversos bloques de todas las fuerzas políticas que apoyaran cada opción a debatir; es decir, en el caso de votar una independencia, los partidos favorables al “sí” se presentarían en un solo bloque, y los partidos que apostaran por el “no” en otro bloque, de manera que el votante, al ejercer su derecho a sufragio, estaría manifestando su voluntad en un sentido u otro, y además, constituyendo un Parlamento cuyo primer acto político debería ser la resolución de dicha voluntad.

En caso de que el gobierno español siguiera ignorando la voluntad del pueblo catalán, el siguiente paso natural sería la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), lo que significaría un verdadero reto a nivel nacional e internacional, y no hay nadie, ahora mismo, en ningún lugar del mundo, que pueda prever las consecuencias políticas y económicas que comportaría tal proceso, aunque se hacen todo tipo de cábalas que dibujan a una hipotética Catalunya independiente convertida repentinamente en algo que va desde un  maravilloso Jardín del Edén hasta un residuo tóxico abandonado en pleno espacio sideral.

Es por esto que sorprende la actitud absolutamente cerrada del Gobierno de España, que favorece el descontento y provoca, a través de su falta de voluntad política, el desafecto de la población catalana y de una parte de la población española que, aunque no esté de acuerdo con la independencia de Catalunya, le parece impresentable que el gobierno no haya abierto vías de diálogo  para solucionar esta escisión.

Ya se han alzado voces, contrarias a la votación, dentro y fuera del Partido Popular (que gobierna a España), que reclaman el uso de la fuerza para impedir la consulta, el envío del ejército para garantizar la unidad de España y la detención de todos los políticos catalanes que se han manifestado a favor de la consulta, especialmente del Presidente de Catalunya por el delito de sedición.

Estas voces están tan alejadas de las iniciativas que han adoptado los ciudadanos catalanes para protestar por la resolución del Constitucional, que no parecen poder coexistir en la misma galaxia sin que se cree un agujero negro de forma espontánea.

Desde anoche y hasta el próximo domingo la gente hará “caceroladas” para exigir al gobierno español que se respete su derecho a votar. Estas caceroladas, en las que la gente hace todo el ruido posible con ollas  y cacerolas durante un rato, son una forma de manifestación que surgió en el Chile en los años setenta del siglo pasado y que ha reaparecido en diversas ocasiones en todo el mundo. En España se usaron por primera vez para protestar contra la participación del ejército español en la Guerra del Golfo y en la de Afganistán, y ayer, a las 22:00 horas, volvió a surgir en los balcones, plazas y calles catalanas para indicar al Gobierno de España lo que algunos opinan de la decisión del Tribunal Constitucional

Y para cerrar quedémonos con la respuesta del presidente Mas ante la pregunta que le han lanzado esta mañana sobre si estaba preocupado por la posibilidad de que lo detengan o se tomen represalias contra el por estar al frente de la Generalitat. “No hay que dramatizar – ha dicho-, no pasa nada… espero”.

Eso esperamos todos.

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Compartimos con ustedes un video “casero” hecho en el barrio Horta, de Barcelona, que capta el momento en que los vecinos salen a sus balcones con cazuelas y ollas a protestar contra la impugnación de la consulta. Gracias Sergi 🙂