“Si se es demócrata, tiene que terminar prevaleciendo la voluntad democrática del pueblo”

Entrevista al profesor de la Universitat de Barcelona Gonçal Mayos Solsona, filósofo y ensayista, que hace una lectura política de la primavera catalana.

 Diada

A tres días de la celebración del 9N, luego de una noche más de Cacerolazos que resonaron por toda catalunya y que viralizaron la red bajo el hasgstag #cassolada9N y que en las redes sociales se hiciera eco, con preocupación, de los 15 vehículos militares españoles que entraron ayer a Barcelona, nuevos sucesos acontecen en esta primavera catalana que no para de hacer oír su voz. Hoy el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del Estado, está reunido para decidir si acepta la demanda del gobierno catalán de suspender el acuerdo del consejo de ministros del viernes 31 de octubre, que aprobó impugnar en el Tribunal Constitucional el proceso participativo del 9 de noviembre. Esta petición, que tiene pocas opciones de ser aceptada, busca dar una vía de salida legal al 9N que, con o sin apoyo del gobierno central, se celebrará pase lo que pase, según lo afirman las organizaciones civiles que lo promueven (ANC, Omnium, Ara es l’hora) .

Más allá de las consideraciones jurídicas en juego en todo este proceso, donde cada parte implicada afirma tener la razón de su lado, el debate de fondo, como lo dijo ayer en el Parlament la diputada de ICV, Dolors Camats, es “político y democrático”. No tiene sentido preguntarse si en este proceso lo que debe prevalecer es la ley o la voluntad del pueblo si no se contempla este escenario como un escenario político, en el que está en juego la consecución de la democracia, una democracia, en palabras de Camats, que no sea “un mero simulacro”.

Para intentar dar luz sobre el sentido político que hay detrás de esta primavera catalana hemos entrevistado al profesor Gonçal Mayos Solsona, profesor titular de filosofía de la Universitat de Barcelona y director del Grupo Internacional de investigación “cultura, historia y Estado” (GIRCHE).

Primavera Catalana: ¿Qué es, en realidad, lo que está en juego, políticamente hablando, en todo este proceso?

8Mayos

Profesor Gonçal Mayos Solsona

Gonçal Mayos: El debate último es el nivel de agencia propia de la población.Es una cuestión muy actual y muy transversal ideológicamente. La política oficial considera que la población debe limitar su acción política a las elecciones representativas cada x años. El resto del tiempo y para todas las otras cuestiones, “La Política” es algo que compete en exclusiva a una casta de “políticos profesionales” y la población “debe” aceptar que no es un sujeto político por sí mismo (tan sólo por representación y bajo muchas restricciones).

Desde hace ya unas décadas con los llamados “Nuevos Movimientos Sociales” (NMS), y con más insistencia últimamente, se está impulsando una profunda reforma de la política oficial. El conjunto de la población quiere empoderarse verdaderamente de y en la política, dándole un nuevo y superior nivel de democracia.

La propuesta de referéndum y de construir un estado propio y más justo en Catalunya (Independiente o federado, y siempre dentro de Europa) es un proyecto de regeneración profunda de la democracia. No es un secreto que Catalunya está incomoda, desde hace tiempo, con la estructura estatal, la corrupción y los tics poco democráticos, y la población ha encontrado en esta propuesta una manera de forzar una reforma que la casta hegemónica (Acemoglu y Robinson hablan de “élites extractivas”) ve con pánico e intenta bloquear  todo lo que puede.

PC: ¿Dónde podemos inscribir lo que está pasando en Catalunya? ¿A qué responde que tanta gente se haya volcado a la calle a pedir que se le deje votar?

GM: Claramente se vincula con movimientos como los indignados y otras exigencias de mayor calidad democrática, donde muy diversas capas de la sociedad civil buscan ser escuchados, regenerar la política y tener mayor recorrido democrático. El lema “No nos representan” del 15 M que –mutando mutandis- es repetido en muchos lugares, enlaza con la base común de los NMS y expresa la necesidad de rehacer el pacto social para conseguir instituciones que realmente representen y acojan los intereses de la población.

En España venimos de una dictadura franquista y en la “transición” se desvelaron esperanzas muy positivas, muchas de las cuales han sido cruelmente frustradas. Ahora se ve –como decía el franquismo- que efectivamente “todo está atado y muy bien atado”. El actual sistema es corrupto, ha mantenido la hegemonía política de los herederos del franquismo y no acepta ser reformado ni que el pueblo ejerza un verdadero control de la política “profesional” y un activo liderazgo democrático.

Fíjense que -desde el comienzo de este proceso- no ha habido negociación y que la “política oficial” en Madrid se ha limitado a desgastar el movimiento popular y a fomentar su división. El gobierno –con al apoyo de la práctica totalidad de la política oficial- niega la posibilidad de votar y, sobre todo, se escandaliza ante la más pequeña iniciativa política de la gente. Eso provoca la humillación de los ciudadanos catalanes que se sienten olvidados, relegados y traicionados por los altas estructuras políticas y “democratísimas” de España y Europa, que les imponen brutales recortes en salud, educación, políticas sociales… Y esos mismos –que en cambio derrochan en favor de los bancos y las grandes empresas –, en pleno siglo XXI, se resisten a las propuestas e intervenciones de la ciudadanía partiendo de la idea que la política oficial es una especie de “coto privado”. Eso llega al extremo cuando se mantienen una oposición radical al voto y se cierran a cualquier tipo de negociación, pacto o reforma.

PC: ¿Cómo se puede conectar el movimiento a favor de la consulta en Catalunya con los que han surgido en Canarias para que a la gente se le consulte sobre las prospecciones petrolíferas que se quieren hacer en su territorio o la que han promovido los partidos de izquierda para que los españoles decidan si quieren seguir siendo una monarquía o si su deseo es convertirse en república?

GM: En todos los casos el problema de fondo es el mismo. La política oficial y tradicional no quiere perder su cómoda hegemonía y por ello se niega a ceder iniciativa a la sociedad civil. Esas consultas son un ejemplo de que la ciudadanía tiene iniciativas y capacidad de generar proyectos que  generan mucho consenso, pero que chocan con la hegemonía de la política oficial y los intereses de la llamada “casta”. Ésta –con sospechosa unanimidad- se pertrecha detrás de leyes, reglamentos e instituciones bloqueando la acción ciudadana, llegando incluso a negar su derecho de expresión y de voto. Porque es evidente que no hay ninguna ley que impida manifestarse a la gente y en el caso de Catalunya votar. Todas esas consultas serían legales, si no se temiera su resultado, porque lo que solicitan se ampara en la legalidad constitucional, pero la política oficial que controla el Estado se niega a reconocerlo pues teme perder privilegios.

Las preguntas clave frente a lo que está ocurriendo son ¿hasta cuándo la política oficial puede permanecer indiferente e ignorar las demandas de la población? y ¿si podrá mantener el conjunto de la población su esforzada exigencia democrática de regeneración? ¿Se resignará? ¿Quién ganará a corto y a largo plazo? Y eso incluye preguntarse por el papel que jugará Europa y la Comunidad Europea que se están construyendo y sufren también enormes déficits democráticos

De lo que hablamos es del enfrentamiento entre la vieja política oficial y las nuevas-viejas exigencias del conjunto de la población para que se le reconozca políticamente y se le permita incidir mejor en la vida democrática del Estado. Los ciudadanos están cansados de que la política la hagan políticos burócratas y exigen una democracia más exigente y de mayor nivel, donde el pueblo sea el agente principal, cuya acción y vigilancia democrática vaya mucho más de designar sus “representantes” entre la reducida casta de los “políticos profesionales”.

Al respecto, es muy significativo que se haya impulsado en España, precisamente en estos tiempos agitados, la llamada “ley mordaza” que busca acallar la protesta popular en las calles y silenciar a los medios de comunicación críticos.

PC: ¿Qué representa la negación insistente del Estado español, a través de sus impugnaciones permanentes, a cualquier iniciativa de consulta en Catalunya?

GM: Para los catalanes, y para cualquier ciudadano del mundo que exija lo mismo a su estado, esta actitud representa una humillación política y una amenaza antidemocrática a su dignidad política. La ciudadanía siente negados sus derechos, sus iniciativas, sus demandas. Siente que una “casta” elitista puede contrapesar la indignación popular de forma duradera. En el fondo se siente desposeída de la acción política.

PC: ¿Es importante votar para recuperar la dignidad? ¿Tiene esta votación un valor simbólico que aporte en algo al proceso?

GM: La votación tiene la enorme importancia de objetivar la intención popular, todo lo demás puede relativizarse. Esta votación pone a la clase política oficial y profesionalizada frente al veredicto explícito y objetivo de la crítica de la ciudadanía. Democráticamente eso es demoledor.

Esa votación es la muestra de que la población no se siente representada y que tiene proyectos propios, muchos de ellos factibles y regeneradores de la calidad democrática de las instituciones.

PC: Políticamente hablando, ¿qué puede pasar después de la votación del domingo?

GM: La votación sin duda tendrá un peso y planteará la necesidad de permitir una votación con todas las garantías posibles para que se deje de decir que es una votación que no tiene suficiente respaldo legal.  Si estas votaciones no son plenamente legales pues habrá que convocar otras que sí lo sean.

Quieran o no, las anquilosadas instituciones políticas tienen que asumir sus déficits democráticos  y regenerarse. El problema no se puede simplemente archivar después del 9N porque la gente no va a dejar de reclamar su derecho a decidir sobre su futuro. Hay un problema de expresión y de control democrático de las instituciones donde la voluntad popular tiene que prevalecer por encima de la casta política y económica.

Si se es demócrata tiene que terminar prevaleciendo la voluntad democrática del pueblo.

Lo que el panorama político en España nos deja ver es que este gobierno y Rajoy son obedientes a la política europea que no concibe negociar el estatus quo de las instituciones políticas, pero, por lo que dicen las encuestas sobre la intención de voto de los españoles en las próximas elecciones, los gobernantes venideros quizás no sean tan obedientes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta.